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Inspección y vigilancia a estaciones de servicio para proteger el bolsillo de los ciudadanos

Por: webmasterlocal
Publicado el: Septiembre 2022

 

  • El objetivo principal es verificar que los surtidores de combustibles estén bien calibrados y que las estaciones vendan la cantidad exacta que pagan los consumidores.

 

  •  También se verificó que los establecimientos cuenten con la documentación requerida para su funcionamiento.

 

Con el objetivo de verificar que los abastecedores de combustibles estén calibrados y entreguen la medida adecuada a los consumidores, la Alcaldía Local de Puente Aranda a través de la oficina de atención al consumidor esta realizando operativos de inspección y vigilancia a los instrumentos de medición que utilizan las estaciones de servicio de Puente Arana.

“La Alcaldía Local cuenta con un recipiente volumétrico, que permite medir y verificar la cantidad de combustible que se comercializa. Esto permite hacer el debido control y determinar si las medidas con correctas”, explicó Juan Pablo Beltrán Vargas, alcalde local de Puente Aranda.


 
Las quejas más recurrentes de los clientes es que el consumo de gasolina no les rinde con lo que han cancelado, por esta razón se esta verificando que los surtidores estén bien calibrados y que se estén manejando los precios oficiales establecidos por el Ministerio de Minas y Energía. De esta manera se garantiza que los ciudadanos reciban la cantidad exacta de combustible que compran.
 
 
En los operativos adelantados durante este año se han visitado 12 estaciones de servicio. En cada una de ellas se hace una inspección rigurosa para verificar que la gasolina que se vende sea la cantidad exacta que indica el surtidor y también se verifican que cumplan con los documentos exigidos por la ley para su funcionamiento, según la Ley 1801 de 2016.
 

 
Es importante resaltar que, si durante los operativos se encuentran irregularidades de calibración, se iniciará un proceso sancionatorio con la Superintendencia de Industria y Comercio que podría generar una multa de hasta 1000 salarios mínimos legales vigentes por incumplimiento de las normas.