En la política bogotana estamos peligrosamente acostumbrados a que las decisiones se tomen detrás de escritorios de madera fina y bajo el aire acondicionado de los despachos oficiales. Por eso, lo sucedido en la sesión plenaria de la Junta Administradora Local (JAL) de Puente Aranda el pasado 6 de junio no es un dato menor. Los ediles empacaron sus carpetas, salieron del recinto y se mudaron al barrio. El diagnóstico es claro: primer round del año en el territorio y el nacimiento de una dinámica que promete cambiar las reglas del juego en la localidad.
A esto se le llama control político con los pies en la tierra. No fue una reunión para aplaudirse entre funcionarios; fue un canal abierto donde la comunidad cantó las verdades que duelen: andenes invadidos por mafias de parqueo ilegal, amenazas con armas de fuego a vecinos desprotegidos, entornos escolares convertidos en pistas de carreras y el eterno abandono de puntos críticos como el Río Seco.
Lo valioso de esta nueva estrategia de la JAL no es solo que sirve de caja de resonancia para las angustias ciudadanas, sino que sienta en el banquillo de las respuestas a quienes tienen las llaves de las soluciones.
Entidades bajo la lupa: compromisos, no promesas
La jornada no se quedó en la queja estéril. La articulación institucional empezó a moverse allí mismo, demostrando que cuando la JAL presiona, la administración local responde de manera propositiva:
Movilidad en el radar: Aunque la Secretaría de Movilidad expuso un balance de 132 comparendos en el sector, reconoció con honestidad que sus agentes se quedan cortos ante la complejidad del orden público. El compromiso quedó firmado: una mesa de trabajo interinstitucional urgente para recuperar con contundencia la Alameda y la Calle 36.
La Alcaldía Local da la cara: Desde el componente de infraestructura se aclaró el panorama de las obras de la Alameda Alcalá (Fase 1 ad portas de entrega definitiva) y se explicó con sensatez técnica el porqué de los ajustes presupuestales para la Fase 2. Más importante aún, la Alcaldía recogió el guante de la inseguridad, activando de inmediato al Grupo de Seguridad y Convivencia para realizar recorridos de confianza nocturnos.
Hay que reconocer la postura de la corporación. La JAL de Puente Aranda demostró que no va a permitir que las entidades jueguen al "teléfono roto" con la ciudadanía. El llamado del edil presidente Cirano Cardona a denunciar formalmente la inasistencia de los altos mandos institucionales es el tipo de carácter que se necesita. Asimismo, la solicitud de la edilesa Erika Medina de blindar jurídicamente a los vecinos amenazados y el seguimiento del edil Dixon Carrascal a los procesos de desalojo de focos de delincuencia, demuestran que hay un cuerpo colegiado dispuesto a jugársela por su gente.
Este primer "JAL al barrio" no puede ser una golondrina que no hace verano. La junta administradora ha manifestado su deseo de institucionalizar esta dinámica, y esa es, quizás, la mejor noticia para Puente Aranda.
Gobernar es escuchar. Cuando los ediles y la Alcaldía Local se sintonizan en el territorio, la política recupera su sentido más puro: resolverle la vida a la gente. Quedan las tareas hechas y los ojos puestos sobre los compromisos de junio. La comunidad ya habló; ahora le toca a las entidades cumplir en la calle lo que prometieron en la mesa.
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